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Tlatlaya: la indemnización al crimen
Por:  / 1 junio, 2015

GUADALAJARA3.0/José Humberto Reyes

(01 de junio 2015).-Antes de que ocurriera la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en México ya resonaba un caso similar: Tlatlaya. El 30 de junio del 2014, un enfrentamiento entre soldados del Ejército Mexicano y presuntos delincuentes, supuestamente terminó con la ejecución sumaria de 22 de los pistoleros, “cuando estos ya se habían rendido”.El testimonio clave de una mujer que fue parte de los hechos, “Julia”, y cuyo papel en la escena sigue sin quedar claro, fue la base para que se incriminara a los soldados y acusárseles de aplicar una sanción inexistente en las leyes penales mexicanas: la de muerte, aún peor, si ningún tipo de juicio.No obstante, la inocencia de los 22 “ejecutados” ha quedado en la duda; si bien el testimonio de “Julia” indica que 21 ya se habían rendido y depuesto las armas ante la llegada del Ejército (uno más había muerto durante el breve enfrentamiento que se produjo antes), la misma declaración de la ciudadana especifica que, efectivamente, los 22 se encontraban armados, estacionados en comboy de camionetas, y huyeron de la autoridad al verla acercarse.

Y también es muy cierto que el poblado cercano el municipio de Tlatlaya, San Pedro Limón, desde hace tiempo antes del enfrentamiento que se encontraba acosado por la delincuencia, más específicamente por el grupo criminal “Los Rojos” (quienes por cierto también ejecutaron a los 43 estudiantes en Iguala) y a los que poco después, se supo que los 22 hombres ultimados por el Ejército pertenecían.

Ahora bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) actuó inmediatamente en favor de las familias de los 22 muertos, y solicitó juicio en contra de los militares implicados, dando como resultado el encarcelamiento de 8 de ellos que a la fecha, continúan bajo proceso de investigación y en prisión.

Y como la más reciente novedad del caso, se tiene el hecho de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Congreso, atendiendo a la recomendación 55/2014 de la CNDH, indemnizó con 49.9 millones de pesos a las familias de los “civiles” (¿criminales?) ejecutados por el Ejército, como reparación del daño, además de también a las tres mujeres sujetas a proceso que se encontraban en la escena (incluida “Julia”).

El problema, es que es la primera indemnización de esta magnitud que el país ve otorgar al Estado mexicano a personas víctimas de la violencia; sin embargo, los afectados directos (los 22) están en un limbo de estatus, pues pese a que presuntamente fueron ejecutados sin proceso penal (una aberración evidente al sistema de justicia penal mexicano y a la Constitución), tampoco estaban en pleno goce de sus derechos, si como describe la testigo, eran sicarios armados que agredieron primero a los militares.

La contradicción es enorme, y el misterio es aún mayor; pero la presión de la opinión pública y la insistencia de la CNDH en esclarecer el caso, así como de las instancias internacionales, obligó al gobierno mexicano a presentar resultados cuanto antes, lo que implico tomar la vía fácil de tomar chivos expiatorios y admitir la culpabilidad de los soldados, cuya responsabilidad directa aun no queda del todo clara.

Y al admitir esta “imprudencia castrense”, el gobierno tomo la responsabilidad de dar la millonaria indemnización a los familiares de los 22 fallecidos. Pero, ¿es aceptable indemnizar con 50 millones de pesos a los familiares de 22 narcotraficantes (o “civiles armados que agredieron a las autoridades”), dentro de una sociedad que tiene otros 100 mil muertos también producto de la violencia entre autoridades y grupos criminales, y 20 mil desaparecidos,  que continúan sin ninguna reparación?

¿Cuánto dinero se les indemniza a las familias de los militares caídos en verdadero cumplimiento de su deber, como los 8 que fallecieron tras el derribo de un helicóptero en Jalisco el pasado 1 de mayo? ¿Y a los familiares de civiles secuestrados y asesinados por el crimen organizado? ¿No son también estas cuestiones responsabilidad del gobierno (pues a final de cuentas, el crimen opera por la ausencia castrense del Estado), y sin embargo siguen sin ser atendidas?

El mensaje que se da a partir de Tlatlaya tan claro como desalentador: el narco tiene más posibilidades de ser indemnizado por afectaciones a sus derechos, que los ciudadanos mexicanos pacíficos. Y eso, el hecho de que a 22 delincuentes abatidos por fuerzas castrenses se les haya indemnizado rápida y abundantemente, por sobre a 100 mil civiles muertos más, es otra razón para dudar de la eficacia de las instituciones del país.

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