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Los Jornaleros de San Quintín, solo una muestra de las condiciones en que laboran miles de jornaleros agrícolas en México
Por:  / 3 abril, 2015

GUADALAJARA 3.0/ Estefanía Ruelas

(3 de abril del 2015).- El día 17 de marzo miles de jornaleros del Valle de San Quintín iniciaron un paro de labores ante las deplorables condiciones de trabajo en las que han laborado por décadas. En respuesta las autoridades realizaron detenciones masivas y en algunos casos arbitrarias. A partir de estos sucesos se ha desarrollado un movimiento de jornaleros agrícolas provenientes principalmente de la zona sur del país, que exigen se respeten sus Derechos Humanos y laborales.

¿Qué problemática enfrentan los jornaleros en San Quintín?

El rescate de 200 jornaleros en un campo en Comondú, Baja California Sur, detonó el movimiento que actualmente se lleva a cabo en distintos Estados de la República y que busca defender los Derechos de los jornaleros agrícolas mexicanos. A partir de ello los jornaleros de San Quintín realizaron una serie de demandas a las empresas que los empleaban, pero al ver que las negociaciones se habían roto, debido a que los patrones no cedían, iniciaron protestas.

Por medio de diversas manifestaciones los jornaleros han denunciado que reciben bajos salarios (en promedio 110 pesos por quince horas de trabajo al día); tienen largas jornadas de trabajo; están expuestos a riesgos por la exposición a agroquímicos y carecen de prestaciones, pues no están afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social. A lo anterior se suma que viven en condiciones de hacinamiento, como mencionó la antropóloga Gisela Espinosa Damián en entrevista para Aristegui CNN: “Viven en una conurbación que abarca aproximadamente 135 kilómetros, y que es una especie de colonia popular donde hay partes que tienen servicios, pero hay partes en las que no hay luz, ni tuberías.”

Son alrededor de 500 las personas que partieron en una caravana desde San Quintín con destino a Ensenada, Rosarito, y Tijuana, donde entablaron diálogo con organizaciones de jornaleros de Estados Unidos; después siguieron hacia Tecate para finalmente llegar a Mexicali donde se realizó un plantón en el Centro Cívico durante tres días. Fidel Sánchez, dirigente del movimiento, dijo que son aproximadamente 80 mil jornaleros los que siguen en paro y 10 mil los que han regresado a trabajar, e indica que los que han regresado a sus labores han recibido amenazas para que no participen más en los reclamos para obtener un mayor salario: “Efectivamente, están recibiendo amenazas los hermanos que están allá en San Quintín para regresar a trabajar, y sobre eso vamos a hacer las denuncias correspondientes a las dependencias para que se tome cartas en el asunto.”

La principal demanda de los jornaleros es recibir 200 pesos al día como salario y condiciones laborales dignas. Para ello solicitan la mediación por parte del gobierno federal y de organismos internacionales como mencionó Justino Hernández Martínez, uno de los voceros del movimiento: “En caso de no venir integrantes de la Secretaria de Gobernación y de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), ya veremos que hacer, somos impredecibles y no tenemos planes para nada, las cosas salen de momento y como sale la hacemos.”

Durante el desarrollo de los hechos ha habido nula participación por parte de las autoridades para llegar a un acuerdo, incluso apatía y falta entendimiento de lo que sucede. En este sentido, Fidel Sánchez señaló recientemente que algunos políticos sólo quieren desestabilizar el movimiento campesino e hizo referencia al Senador Ernesto Ruffo, pues éste durante su campaña para la gubernatura en 1989 acudió a San Quintín para solicitar el apoyo de la comunidad pero ahora se ha olvidado de ello. A esto se suma la declaración de Carlos Gorocica, ex dirigente de la organización juvenil panista G15, quien dijo que si los jornaleros “quieren ganar más, que estudien. De qué sirve que te mates estudiando si un jornalero quiere ganar 300 (pesos).”

Aunque se abrió una mesa de negociaciones, que incluye a sindicatos, empresarios y autoridades de la Secretaria del Trabajo, no se ha logrado pactar un aumento. Esto se debe a que los jornaleros no sienten una representación real de sus intereses, sino que por el contrario acusan a los sindicatos de ser aliados de los empresarios. Por ello este miércoles 1 de abril se ha desmentido el anuncio del Consejo Agrícola de California (que representa a 22 empresas de la región con el 70 por ciento de la producción) de que se había llegado al acuerdo de un aumento salarial del 15 por ciento. Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones de Jornaleros de San Quintín, afirmó que era mentira: “la prueba es que el día de hoy seguimos permaneciendo más de 500 trabajadores agrícolas acá en Mexicali. Si se hubiera aceptado ese porcentaje, no estaríamos en este lugar. Son los sindicatos que firman acuerdos a espaldas de los trabajadores, esos de la CTM, de la CROM, de la CROC, son sindicatos del patrón.”

Ante estos sucesos, activistas del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) se han pronunciado a favor del movimiento de San Quintín. El coordinador del organismo, Juan Romualdo Gutiérrez, pidió una audiencia con el gobernador de Oaxaca Gabino Cué, para solicitar que se firme un acuerdo con su homólogo de Baja California que logre salvaguardar los derechos laborales de los oaxaqueños que se encuentran en San Quintín: “Nosotros ya empezamos nuestra jornada de lucha, donde no está descartada la toma masiva de consulados, bloqueos carreteros y marchas callejeras tanto en México como en los estados fronterizos y la Unión Americana, particularmente en Los Ángeles y Nueva York, para exigir al gobierno federal, a los patrones del Valle de San Quintín, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su intervención para garantizar los Derechos labores de los trabajadores que impidan su explotación.” Cabe señalar que a la rebelión convocada se han involucrado otros Estados como Guerrero, Chiapas y Veracruz, pues la mitad de los jornaleros proceden de estas entidades.

Por su parte, la CNDH ha anunciado que ya dio inicio a las investigaciones para determinar las condiciones en que viven y trabajan miles de jornaleros en San Quintín. Además, exhortó a las autoridades tanto federales como estatales para que emprendan acciones para prevenir y combatir la explotación laboral y las condiciones de trabajo incompatibles con los derechos humanos de los jornaleros en distintas partes del país.

¿Se trata solo de un problema aislado o en realidad San Quintín es una muestra más de la crisis de gobernabilidad que vive México?

Lo que se observa en los medios de comunicación son jornaleros que alzan la voz para denunciar las deplorables condiciones en que viven y laboran, pero en el trasfondo de San Quintín se encuentra un fenómeno migratorio de personas que se desplazan desde sus lugares de origen hacia otras regiones, debido a la falta de oportunidades y medios de subsistencia. Estos se mueven principalmente del sur hacia otros Estados en los que encuentran ofertas laborales con las condiciones ya mencionadas. Justo el día de hoy se reportaba de otro caso en el que un grupo de 60 jornaleros agrícolas provenientes de Chiapas se quedó varado por más de 24 horas en Chihuahua, luego de que el camión en el que se trasportaban presentara fallas. Fue un día en el que estuvieron sin comer y a la intemperie, pues la empresa que los había contratado en Sonora, hacia donde se dirigían, no había dado un pago por adelantado. Tampoco sabían el sueldo ni las condiciones en las que iban a laborar.

Lo que ocurre en Baja California evidencia la falta de coordinación existente entre las autoridades federales y locales, además de poner en duda la eficiencia y operatividad de las dependencias responsables. ¿Cómo es posible que tras décadas de trabajo en condiciones de semiesclavitud, sea hasta ahora que la CNDH inicie indagaciones? Lamentablemente fue necesaria la presión social y el debate público para que se iniciara a trabajar al respecto, pues las autoridades fueron incapaces de detectar la problemática que se vive en San Quintín (y en otras partes del país). Está de más señalar que en México hay una legislación en materia laboral y de Derechos Humanos, y que son el gobierno federal y el gobierno de los Estados los que tienen la obligación de vigilar que ninguna empresa viole lo establecido en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Estos sucesos han llamado la atención hacia una realidad que se vive en nuestro país, según indican organizaciones civiles que defienden los Derechos de los trabajadores, como el FIOB. De acuerdo con esta organización, son 18 Estados del país los que cuentan con jornaleros agrícolas trabajando en condiciones en las que constantemente se ven violados sus derechos fundamentales; y que el 60% de éstos son indígenas provenientes de los estados más pobres del país. A esto se suma lo expuesto en el Índice Global de Esclavitud (IGE) 2014, establecido por la organización australiana Walk Free que mide los niveles de esclavitud en el mundo; el cual indica que México ocupa el primer lugar en América Latina con al menos 266 mil 900 personas víctimas de las llamadas nuevas esclavitudes, especialmente esclavitudes laborales.

De nuevo lo que sucede es resultado del México polarizado en que vivimos, como ocurre con el narcotráfico y otras problemáticas que nos aquejan, donde las dinámicas de crecimiento y desarrollo social son desiguales. Por un lado está al norte industrializado, con infraestructura y con mejores ofertas de empleo; y del otro lado el sur pobre, poco desarrollado y con educación de baja calidad. Ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de la población, generar empleos y lograr una adecuada distribución del ingreso; lo mínimo que se esperaría serían políticas

públicas que protejan y garanticen los derechos de los trabajadores. En especial de aquellos que se encuentran más vulnerables, como es el caso de los jornaleros agrícolas mexicanos.

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