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El asesinato de Enrique Hernández en Michoacán: ¿crimen electoral o represalia criminal?
Por:  / 15 mayo, 2015

GUADALAJARA3.0/ José Humberto Reyes

(15 de mayo 2015).-

El pasado jueves 14 de mayo el candidato por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía del municipio michoacano de Yurécuaro, Enrique Hernández, fue asesinado a balazos mientras realizaba un mitin en el municipio, a cielo abierto, cuando un vehículo con gente armada realizó detonaciones en su contra a poca distancia. En el acto también resultaron heridos tres de los colaboradores del ahora candidato difunto. Sin embargo, este no ha sido el único “asesinato electoral” registrado: menos de 24 horas después del crimen contra Hernández, el candidato priista a regidor en Huimanguillo, Tabasco, fue muerto también a balazos; y el pasado 2 de mayo otro candidato del PRI pero a la alcaldía de Chilapa (Guerrero), Ulises Fabián, había sido ultimado en forma violenta. Lo anterior demuestra un problema grave que existe en el país en materia de seguridad electoral; ¿cómo es posible que en sus campañas los candidatos puedan ser asesinados a plena luz del día frente a miles de miradas? Independientemente de los partidos en los que militen, la violencia en contra de contendientes representa una muestra de la poca certeza que los mexicanos pueden tener en el sistema electoral de su país, ya de por sí manchado de ineptitud y poca credibilidad. No obstante, el atentado cometido en contra del representante de Morena toma un tinte totalmente distinto y especial al de los otros dos candidatos, cuando se toma en cuenta un antecedente suyo: fue líder de un grupo de autodefensa. Recordemos que cuando surgió el movimiento de autodefensas en Michoacán, (febrero del 2013) las repercusiones de la delincuencia organizada no se hicieron esperar y enseguida los muertos borbotaron de tierras michoacanas en un sangriento conflicto bélico entre los grupos de civiles armados que defendían sus municipios y tierras, y el cártel de Los Caballeros Templarios. Sin embargo, tras meses de Estado fallido en la entidad y gobiernos derrocados por ciudadanías convictas, el Gobierno Federal realizó su intervención, haciendo caer una cortina de hierro sobre el estado purépecha y desacreditando al movimiento insurgente que en menos de un año, logró lo que los gobiernos

constitucionales no hicieron en una década: acabar con el terror crimen. El entonces comisionado Alfredo Castillo (hoy presidente de la Comisión Nacional del Deporte), pidió el desarme de estos grupos y dijo que el Ejército y la Policía Federal se harían cargo de la seguridad; ante dicha solicitud, muchos grupos efectivamente se desarmaron; otros no lo hicieron y fueron enfrentados y sus líderes encerrados (como José Manuel Mireles e Hipólito Mora). Pero quienes depusieron las armas, pidieron al comisionado garantizar su seguridad ya que temían sufrir represalias contra su integridad y la de sus familiares por parte de la delincuencia, a raíz de haberlos realmente combatido. La autoridad federal prometió calma y tranquilidad de su mano; no cumplió, pues hoy en día Michoacán continua con índices de delincuencia local y narcotráfico muy altos, independientemente de que el cartel templario se encuentre desarticulado. Así pues, el que hayan asesinado al ex líder del grupo autodefensa que en su momento liberó a Yurécuaro del yugo criminal, es una de las muestras más claras de la cacería que los delincuentes podrían comenzar a intensificar en contra de íconos libertadores que representan una opción de verdadero liderazgo para los michoacanos. Pero también, por pertenecer al partido que pertenecía, Enrique Hernández pudo haberse ganado contrincantes políticos apoyados por la delincuencia, que excusándose de su pasado, lo mandasen a matar para sacar ventaja en los próximos comicios; pues era sabido que el candidato morenista tenía muchos seguidores y era admirado por la gente de su municipio. Crimen electoral, o repercusión por su pasado, quizás no llegue a esclarecerse, pese a que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán dio a conocer haber iniciado ya una investigación. Esto porque sabemos, las instituciones de justicia mexicanas frecuentemente no son confiables ni eficaces. Sin embargo, algo si queda claro: si por la vía establecida, la democracia, la voluntad de los michoacanos no puede concretarse, no tardará en llegar entonces el momento en que la gente vuelva a levantarse por la vía armada para tomar el control de sus comunidades, y garantizar por sus propios medios la integridad a la que tienen derecho como ciudadanos mexicanos.

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